Década Infame - Parte II

HECHOS QUE TIÑERON UNA ÉPOCA

Presos de Bragado. Como se mencionó en la primera parte, luego del golpe del ’30 comenzó a regir en el país un estado de sitio brutal, que trajo aparejado una constante persecución y torturas a opositores de todos los ámbitos. Y en el centro de esa avalancha se encontraban los yrigoyenistas y los anarquitas.

La cruzada contra los opositores comenzó con el asesinato de Severino Di Giovanni (anarquista), el 1 de febrero de 1931. Exiliado de Italia tras el triunfo del fascismo, Severino encontró refugio en Morón y trabajó como tipógrafo. Además, durante la década del ’20 sacó su propio diario de resistencia contra el radicalismo, llamado Culmine. Pero también, durante esa década,  el militante anarquista se atribuyó incontables hechos delictivos -el 16 de mayo de 1926 denotó una bomba frente a la embajada de Estados Unidos y el 23 de mayo de 1928 atentó contra el consulado italiano, entre otros-, por lo que para la época del golpe era considerado el enemigo público número uno del país. Una vez resuelto el problema anarquista, el gobierno arremetió de lleno contra el radicalismo. Para esto, Uriburu decidió anular las elecciones que el partido opositor había ganado en abril de aquél año.

 

Con ese escenario, el régimen estaba confiado en que podría gobernar sin problemas y dejaba en el olvido ataques terroristas opositores. Pero el destino sorprendió una vez más. El 5 de agosto de 1931 estalló una bomba en la residencia del conservador José María Blanch, ubicada en Bragado. Se trataba de una encomienda, una caja bastante grande, que por ausencia del destinatario, fue recibida por su esposa, su cuñada y su hija. En el momento en que empezaron a abrirlo, estalló, y dos de ellas murieron.

Como la policía no pudo encontrar evidencias que encaminaran el caso del atentado, se trabajó para culpar al radicalismo. Sin embargo, no se pudo demostrar que los radicales detenidos fueran los autores del hecho y fueron liberados. Al poco tiempo, la policía recibió información de que eran sectores anarquistas quienes estarían detrás del ataque. Con esa data, se le ordenó al oficial Enrique Williman que comience a perseguir militantes anarquistas y socialistas.

Así, el 16 de agosto, entre los más de 100 detenidos que iban, Williman logró arrestar al reconocido anarquista Pascual Vuotto y a cuatro compañeros, también anarquistas. La policía tenía evidencia, no sobre el atentado sino, de que un mes atrás ellos habían llevado a cabo una reunión clandestina cerca de Bragado, y con eso les bastó. Esto era cierto y los militantes lo admitieron abiertamente, argumentando que esa reunión existió con el fin de organizar una publicación sobre el movimiento obrero. Pero a pesar de todo, fueron condenados a cadena perpetua. Por otro lado, como la policía aún necesitaba responsables por el atentado, fueron sometidos a torturas para recaudar más información.

                              Vuotto en Los Presos de Bragado, documental de 1995

Desde la cárcel, Vuotto siempre admitió ser inocente y además denunció torturas a las que eran sometidos él y sus compañeros. Esto fue confirmado por el médico Francisco Macaya, quien lo atendió en prisión, al confesar en la corte que éste presentaba “hematomas de origen traumático”. El caso repercutió tanto que se convirtió en un debate internacional, y desde la sociedad comenzaron a formarse comités de ayuda para “los presos de bragado”.

En 1942, el gobernador de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, aprobó el indulto para los detenidos y fueron liberados el 24 de julio, después de once años de prisión. Sin embargo, no se supo quién estuvo detrás de aquél atentado hasta 1985, cuando Carlos Jordán identificó al autor como Rafael Chullivert, un político del partido de Blanch, pero que se paraba en la vereda de enfrente y que, por aquella época, se encontraba en una interna. 

Pacto Roca-Runciman. Firmado en Londres por Julio Argentino Roca (hijo) y Walter Runciman (Presidente de la Junta de Comercio de Inglaterra) el 1º de mayo de 1933, establecía la continuidad del Imperio Británico en comprar carnes argentinas con el volumen de 1932 como piso, excepto que esto sería así siempre y cuando nuestra carne valga menos que la de los demás oferentes/proveedores. Por su parte, nuestro país otorgaba el 85% de la exportación de carne a frigoríficos ingleses y norteamericanos, dejando el 15% restante a frigoríficos nacionales. Además, se liberaron de impuestos más de 300 productos provenientes del otro lado del pacífico -incluido el carbón-, y se concedió, mediante la creación de la Corporación del Transporte, el monopolio de los ferrocarriles de Capital Federal a una empresa inglesa.

                                  Roca y Runciman (sentados), ultimando detalles del tratado.

A raíz de este acuerdo, un año más tarde se creó una Comisión Investigadora a cargo del senador santafesino por el Partido Demócrata Progresista, Lisandro De la Torre, para inspeccionar el tratado preferencial que recibían las compañías de carne extranjeras en nuestro país. Sim embargo, el accionar de dicha comisión se vio limitado gracias a todo tipo de artimañas provenientes del gobierno para dificultar sus tareas. De hecho, Luis Duhau –en aquél entonces Ministro de Agricultura y Ganadería de Justo-, ordenó a la Dirección General de Rentas no proporcionar información a los investigadores. En 1935, harto del asunto, De la Torre denunció en el congreso a los frigoríficos Armour, Swift y Anglo por fraude y evasión impositiva, y presentó pruebas que involucraban directamente a los ministros Federico Pinedo (Economía) y el ya mencionado Luis Duhau (Agricultura y Ganadería). Además, también denunció la inexistencia de controles a compañías extranjeras frente a los abrumadores controles que sí recibían las compañías nacionales.

Las denuncias por parte del senador santafesino continuaron y las discusiones en el senado se elevaron hasta tal punto que, desde el gobierno, decidieron  terminar el tema de raíz: asesinar en plena sesión a De la Torre. La tarea fue encargada a Ramón Valdéz Cora (Partido Conservador, torturador de Vicente López, múltiples procesos por estafas, falsificación de documentos y extorsiones a prostitutas, y allegado a los ministros involucrados), quien en la sesión del 23 de julio disparó en plena sesión, pero falló y mató a Enzo Bordabehere, compañero de banca de De la Torre.

                                                            Lisandro De la Torre

Al poco tiempo, el senador socialista Alfredo Palacios recibió información confidencial por parte de trabajadores del frigorífico Anglo: los documentos que se buscaban, probando así la complicidad del gobierno, se encontraban escondidos en el Norman Star, un barco inglés anclado en el puerto de Buenos Aires. Los trabajadores informaron que esos documentos contables se encontraban dentro de cajas de “chilled beaf” y “corned beaf” selladas por el Ministerio de Hacienda, lo que mostraba una complicidad explícita del gobierno. Palacios le pasó la información a De la Torre, quien a su vez le pidió ayuda al  contador general del Frigorífico Municipal, Samuel Yasky, para coordinar un allanamiento (no oficial) al Norman Star conjuntamente con la prefectura. Así, ingresaron al barco y efectivamente encontraron la documentación que buscaban. En palabras del propio Yasky:

“De ocho compañías investigadas, sólo la Armour había sido fiscalizada y otra, La Negra, estaba en trance de serlo. La Swift no había efectuado, en el año 1933, la retención del impuesto a los réditos sobre sus dividendos, sin que se diese una explicación satisfactoria, siendo además violatoria de la ley 11.682. La compañía Anglo declaraba 75.000 pesos nacionales de utilidades anuales, cuando en realidad sus ganancias en los últimos tres años llegaban a pesos m/n. 37.800.000. La Swift Internacional recibió de su filial La Plata, pesos m/n. 500.000 para pago de impuestos pero dedujo de ellos pesos m/n. 279.000 a efectos de revalúo por pérdidas, violando así nuevamente la ley, ante la presunta ignorancia de las autoridades, quienes inclusive declinaron la facultad de la Dirección de Réditos para hacer la liquidación de impuestos, delegándola en la propia compañía. Todo ello avalado por el ministro de Hacienda, permitiendo así una evasión impositiva, penada por la legislación vigente. Asimismo el frigorífico citado debía al fisco la cantidad de pesos m/n. 135.000”.

Compañía Argentina de Electricidad/Concesiones del servicio. Para la década de 1930, en Buenos Aires la electricidad era manejada por dos empresas: CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad, posteriormente renombrada Compañía Argentina de Electricidad), filial argentina de SOFINA (Société Financiere de Transports et d'Entreprises Industrielles), que tenía sede en Bélgica, y CIADE (Compañía Italo Argentina de Electricidad), filial de Motor Columbus, con sede en Suiza.

Lo que sucedió fue que, en 1936, la CADE debía negociar la extensión de la concesión del servicio eléctrico hasta 1997. Sin embargo, todo el escándalo comenzó luego de las elecciones presidenciales de 1932. Después de los comicios, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se había reajustado y había quedado conformado en su mayoría por oficialistas de la Concordancia, quienes por medio de la Comisión de Servicios Públicos -presidida por el socialista independiente Germinal Rodríguez-, encontraron varias irregularidades en las concesiones eléctricas. En efecto, la Comisión corroboró delitos penales por parte de CADE y CIADE, que habían sustraído más de 27 millones de pesos en sobreprecios a los consumidores y habían evadido impuestos. Frente a esto, se presentaron proyectos para sancionar ambas empresas y verificar efectivamente los precios de producción y distribución, como así también los malos cobros que se habían efectuado sobre los consumidores.

Con esas amenazas sobre la mesa, la CADE comenzó orquestar un sistema de lobby y compra de concejales, como así también de la prensa. Este mecanismo dio resultado en 1933, cuando un día, de la noche a la mañana, los legisladores conservadores decidieron dar marcha atrás con las respectivas sanciones. Además, la empresa también logró sabotear la Comisión de Servicios Públicos, la cual se desarmó y fue reemplazada por la Comisión de Conciliación (con las empresas concesionarias).

En 1936, los radicales volvieron a la escena política luego de abstenerse de la actividad el año anterior, y con eso lograron entrar al Consejo Deliberante porteño. Ese año la Compañía Argentina de Electricidad presentó el pedido de extensión de su concesión y principal proveedor del servicio eléctrico y, el 29 de octubre, la legislatura aprobó la ordenanza Nº 8.029, otorgándole el servicio a la empresa hasta 1997. A cambio de esto, CADE se ofreció a bajar los precios de las tarifas, pero sí aumentaría la de comerciantes e industriales. Por otro parte, el Estado le perdonó a la empresa el reintegro de todos los millones demás que había cobrado a los consumidores y le concedió el total reintegro del Fondo de Reversión y Provisión (garantía para asegurar que la empresa preste su servicio eficientemente). Además, la empresa quedó también exenta de pagar impuestos en todos sus edificios y oficinas (también futuras sedes y oficinas administrativas). 

Años más tarde, la Comisión Investigadora de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó que para diciembre de 1942, la CADE tendría que devolver $115.595.510 por exceso de ganancias.  La CIAE, por su parte, tendría que devolver $82.651.803 por lo mismo. Dicha comisión también confirmó que, más del 60% de la campaña electoral del radicalismo en 1937 y el 100% de la casa central del partido, fue financiado por la CADE.

Venta de tierras del Palomar. Todo empezó el 13 de marzo de 1934. Las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas tenían un terreno de aproximadamente 23 hectáreas en el Palomar, el cual querían vender al Estado para que éste lo anexe al Colegio Militar ubicado allí. Con eso en mente, ese día las hermanas se dirigieron hacia el Ministerio de Guerra y ofrecieron el terreno por $1,00 el metro cuadrado, pero la Dirección General de Ingenieros dictaminó que no valí más de $0,20, por lo que la operación no se pudo concretar ese año. Tras un período de varias tasaciones en menor valor por parte del ministerio, varios generales y otros tantos ingenieros, y sin éxito en la venta, el 22 de diciembre de 1937 las hermanas deciden retirar el terreno de la venta para vendérselo por contrato privado a Néstor Luis Casás, quien se ofreció a comprarlo por $0,65 el m². A su vez, ese mismo día, Casás le encargó a su apoderado, Jacinto Baldaserre Torres, que se presente ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para ofrecer el campo por $1,10 el m².

Un año después, la Cámara de Diputados de la Nación, en su proyecto de ley para el presupuesto nacional de 1938, incluyó un artículo en el que se facultó al Estado a adquirir dichos terrenos por un precio no mayor a 1,10 pesos el m². Así, el 31 de diciembre de ese año se aprobó la compra mediante el decreto Nº  21583/1938 firmado por el presidente Roberto M. Ortiz (quien había asumido el 20 de febrero luego de un escandaloso fraude electoral). Sin embargo, el trámite no finalizaría hasta el 24 de abril de 1939, día en que se firmaron las escrituras finales: las señoras Iraola de Herrera Vegas le vendieron el terreno a Casás por $1.450.000 (y así cancelarían su hipoteca con el banco), y éste se lo vendió al Estado por $2.450.000. Pero la cuestión está en que el pago se hizo de manera inversa: primero el gobierno le pagó a Casás y después este giró la plata a las hermanas, ganando así un millón de pesos sin hacer nada.

¿Cómo, sin siquiera levantas las cejas, el señor Casás ganó tanta plata? Para contestar la pregunta, en 1940 el senador por Jujuy Benjamín Villafañe denunció el negocio en el congreso y creó una Comisión Investigadora. Dicha Comisión dictaminó la invalides de todas las escrituras firmadas el 24 de abril del ’39 por malos procedimientos y falso testimonio. Por violación a los deberes de funcionario público se acusaron a Carlos Domingo Marquéz (Ministro de Guerra), Mario de Tezanos Pinto (Presidente de la Contaduría General de la Nación) y a Jorge Ernesto Garrido (Escribano de Gobierno). Además, se verificó que más de la mitad de lo que había ganado el señor Casás fue repartido en sobornos a funcionarios públicos. El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, recibió $126.925. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Gregorio Raúl Godoy, recibió $177.00 en títulos de deuda y $140.689 en mano. Agustín Echevarrieta, secretario de Godoy, recibió $10.000. Franklin Fernández Lusbín (empleado de Obras Sanitarias de la Nación), recibió la suma de $167.500. El diputado Miguel Aguirrezabala recibió $25.373. Los diputados José Guillermo Bertotto y Victor Juan Guillot recibieron ambos la suma de $12.612 y, finalmente, el Genereal Alonso Baldrich recibió $8.871.

El escándalo de corrupción sacudió tanto el gobierno de Ortiz que éste no vio otra salida mas que presentar su renuncia ante el Congreso de la Nación, pero fue rechazada el 24 de agosto de 1940.

Lotería Nacional. Una tarde invernal de junio de 1942, un grupito de niños cantores de lotería se encontró en el “Café de los Angelitos” (Av. Rivadavia y Rincón) con un objetivo más grande y complejo que merendar: planeaban quedarse con el premio mayor de la Lotería Nacional, de $300.000. Para llevar a cabo su plan, los niños recurrieron a un oficial tornero/carpintero de Vicente López, a quien le encargaron duplicar la bolilla de madera con el número que se llevaba la grande: el 31.025.

Todos de acuerdo, se tiraron por un “ensayo”, el 24 de julio de ese año. Aquél día, duplicaron el número 25.977 y no hubo inconveniente alguno, les fue fácil burlar a todos. Así que, habiendo comprobado la efectividad del mecanismo y ya entrados en confianza, decidieron ir por el pozo mayor el 2 de septiembre de 1942. Para lograrlo no hizo falta mucha ciencia: pasándosela de una mano a la otra, reemplazaron la bolilla con el 31.015, por su réplica (hecha por el oficial). Claro, nadie sospecharía de la inocencia de unos indefensos niños, por lo que ese día lograron, por segunda vez, burlar a toda la audiencia.

Sin embargo, ya sea por la torpeza de alguno de los niños, o quien sabe qué, el plan ideado por ellos corrió de boca en boca durante esos dos meses, extendiéndose por todos lados. Esto, al punto tal de que, mientras los niños cantaban los números salientes, el 31.025 era noticia de tapa en los diarios. Como resultado de esto, y ante la sospecha de que los niños cantores no estaban actuando por su cuenta, la Cámara de Diputados de la Nación creó una Comisión Investigadora (a cargo del legislador radical Agustín Rodríguez Araya) para investigar la Lotería Nacional.

Dicha comisión pudo corroborar que existían irregularidades de todo tipo. Por ejemplo, se demostró que el organismo utilizaba bolillas de diferentes pesos durante los sorteos, y también se demostró cómo, además de los niños cantores, la lista de compradores del 31.025 incluía jueces, ministros y concejales. A raíz de esto, la Comisión notó una llamativa relación entre la Lotería Nacional y la Sociedad de Beneficencia. Investigando esta peculiaridad, Araya dio con que el organismo oficial otorgaba pensiones vitalicias a agentes oficiales de lotería a cargo de “pobres” a través de dicha sociedad. Pero, en realidad, el dinero siempre era destinado a parientes de políticos de toda índole: senadores, diputados, militares, presidente de distintos organismos, y también obispos y ex presidentes.

Sin duda, aquellos años fueron negros y son dignos de llamarse infames. Argentina fue devastada por un golpe de estado que llegó y castigó la democracia severamente. Impuso sus modalidades y dejó huellas que sirvieron para marcar el futuro. La situación del país fue de las más críticas, pero también vivía momentos de reorganización social y revolución. Por un lado, los sueldos no alcanzaban para nada y en el norte del país la mortalidad infantil alcanzaba niveles alarmantes. El noroeste argentino, por ejemplo, registraba 300 de cada 1000 niños, de 0 a 1 año, muertos por desnutrición. Por otro lado, los trabajadores que llegaban del campo a la cuidad ayudaron a incrementar la fuerza de los sindicatos, que ocuparon la escena política con permanentes riñas contra el poder, por derechos que obtuvieron una década más tarde. Para no perder el control del país, los conservadores dieron la bienvenida al fraude electoral y lo propagaron por todo el país. Además de esto, también el lobby y las coimas fueron moneda corriente durante esos años, lo que naturalmente acarreó negocios corruptos que jamás sirvieron para mejorar el país. Respecto a esto, más precisamente sobre el gobierno de Justo –que gobernó la mayoría de aquellos años-, en su libro Política británica en el Río de la Plata (1940), Scalabrini Ortiz resume muy bien aquellos años:

“No hay en el transcurso de la presidencia del general Justo una sola medida que haya nacido animada por un sentimiento de bienestar público, una sola medida que tienda a defender la economía nacional de la rapacidad extranjera”.

PD: Perón fue parte del golpe del ’30. Años más tarde comentaría: “Yo recuerdo que el presidente Yrigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo, el primero que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente por la calumnia y los rumores. Yo, en esa época, era un joven y estaba contra Yrigoyen, porque hasta mí habían llegado los rumores, porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad”.