Ley Antipiquetes - PARTE II

En la segunda parte sobre el proyecto antipiquetes, explico cómo el gobierno busca aprobarlo. Pedrini declara que está abierto a discutir sobre el tema y Diana Conti presenta un proyecto alternativo. Para agosto de 2014 ya había más de 10 proyectos presentados entre oficialismo y oposición, y un paro nacional para el 28 de ese mes, organizado por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. Hechos que duelen. La parálisis ocasionada terminó en descontrol.

Con la oposición encima y el núcleo del oficialismo cuestionando el proyecto, los diputados Juan Manuel Pedrini y Carlos Kunkel aceptaron modificaciones al proyecto. "Estamos dispuestos a discutir absolutamente todo”, dijeron en las a.m. nacionales. Pero la presión fue tal que Diana Conti presentó un proyecto de ley antipiquetes alternativo. Es imposible negar que los reclamos sociales incrementan. ¿Se podría decir que, gracias a dios, tenemos una sociedad que reclama y mucho? Por supuesto (aunque cuanto más mejor). Pero lo hace de manera incorrecta. A diferencia del proyecto presentado por Pedrini, la alternativa de Conti no presentó diferencias entre manifestaciones “legítimas e ilegítimas”. En vez de un intermediario propiciado por el Ministerio de Seguridad, la diputada propuso en su proyecto crear una comisión para intervenir en conflictos que afecten a terceros, cuya solución “competa al Estado Nacional o pueda ser facilitada por él”, y como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tampoco es necesario el aviso previo de dos días. ¿Compartir el costo político de restringir la huelga? Puede ser, el consenso se busca, sea por eso o no. Algo es algo. También puede interpretarse la pérdida de la calle del gobierno y su respuesta ante ello.

Las aguas se calmaron hasta agosto, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja retomó el tema de los reclamos. Para ese entonces ya eran más de 10 los proyectos antipiquetes presentados entre oficialismo y oposición, pero las críticas y el repudio hacia la medida continuaron. O sea que todos criticaban el proyecto del otro.

Desde el propio kirchnerismo, uno de los que salió al cruce fue el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien calificó la medida de “ridícula”. Sostuvo que “el espíritu de una ruta es que los ciudadanos puedan circular y no protestar”. Y “no queremos que se generen más leyes que jodan a los argentinos”. Las palabras de Berni son correctas. Realmente lo son. De hecho, Argentina tiene muchas, demasiadas leyes. Tampoco hay diferencia entre manifestarse o protestar en la calle y hacerlo en un predio organizado (supongamos por un segundo que se organiza un predio cercano a Plaza de Mayo o Casa Rosada). Aunque pensándolo bien, sí hay diferencia. Cuando se realizan piquetes o manifestaciones en la calle, no son normales. ¿Alguien piensa que lo son?

Sin embargo, lo que realmente turbó las aguas en agosto de 2014 fueron dos marchas: una el 24, por parte del sector de izquierda en conjunto y con la presencia del diputado Pitrola, y otra el 28 organizada por el líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo (líder y creador de la CGT Azul y Blanca) y Pablo Micheli (Secretario General CTA). En la primera, jóvenes militantes de izquierda junto con agrupaciones de derechos humanos marcharon hacia Plaza de Mayo con la consigna de frenar la represión al derecho de huelga. Además, en la plaza expusieron una gran bandera con la leyenda “Basta de represión. No a la criminalización de la protesta”. En la segunda, de exclusivo carácter gremialista, la consigna principal no fue el repudio al proyecto de ley antipiquetes sino, el impuesto a las ganancias, la inseguridad, aumento de sueldo, entre otros. Pero lo que la trae al caso es que fue un “paro”. Inmovilizó todo. Capital Federal fue un caos. Ese día no hubo servicio de trenes, no abrieron los bancos, no se realizaron vuelos, no se recolectó la basura, no se pudo recargar nafta, cerraron los puertos y tampoco abrieron los bares. ¡Pero ojo!, los subtes anduvieron un rato, estuvieron parcialmente afectados. Las escuelas también estuvieron parcialmente afectadas, como así también la salud: los hospitales manejados por ATE frenaron. Como frutilla del postre, la izquierda se movilizó en repudio al paro “sin movilización” convocado por Moyano y Cía. La movida de Moyano no tuvo como eje lo mismo que la marcha sucedida cuatro días antes, exclusivamente de la izquierda, pero resultó en una parálisis monstruosa del país, igual que otra organizada por el sindicalista el 10 de abril de 2014, contrarrestando totalmente el tema de debate actual de aquél entonces: ley antipiquetes.

Ley Antipiquetes - PARTE I

Esta primera parte intenta exponer de dónde surgió el proyecto de ley, quienes lo impulsaron y sus puntos más polémicos. También recauda testimonios de la oposición repudiando la medida, junto con su análisis.

Con motivo de la inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el pasado 1° de marzo de 2014, la presidente Cristina Fernández de Kirchner pidió por una norma legislativa que regule los piquetes. Aprovechando el anuncio de Hugo Moyano de un paro nacional para el 10 del mismo mes, declaró que las protestas callejeras entorpecen la circulación como así también el uso del espacio público. “No puede ser que diez personas, por más razón que tengan, corten el tránsito y perjudiquen a miles”, expresó la mandataria. Uno de los argumentos que utilizó fue el procesamiento del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, por haber intervenido y desalojado una manifestación en Autopista Panamericana.

Es posible que el discurso de CFK haya sido interpretado por el grueso del bloque oficialista como un mensaje diciendo: presenten un proyecto de ley antipiquetes. De no ser así, sería de todas maneras –y a pesar de que el jefe de gabinete despegara al ejecutivo de la iniciativa- una llamativa coincidencia. El martes 14 de marzo, el diputado chaqueño por el Frente Para la Victoria, Juan Manuel Pedrini, presentó un proyecto de ley antipiquetes, en el que se distinguía entre manifestación “legítima e ilegítima”. Dicho proyecto fue firmado por, entre otros, la diputada jefa del bloque kirchnerista en la cámara baja, Diana Conti y el diputado por el FPV Carlos Kunkel.

EL PROYECTO

Acorde al primer artículo del proyecto de Pedrini, el objeto de la ley es “garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar frente a las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación, e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas”. El artículo dos hace entender que, a los fines de dicha ley, una manifestación es cualquier tipo de reunión no violenta de personas con un interés común (aunque sabemos que, mayoritariamente, termina con heridos o disturbios varios). El artículo más polémico fue el cinco, estableciendo qué se considera una manifestación “legítima”. Así, una manifestación se considera legítima cuando "no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas”. Cuando tampoco “impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada”. Cuando sí “permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros”. Los últimos dos puntos para que sea considerada “legítima” son avisar con 48 horas previas y que los manifestantes no cometan delitos previstos en el Código Penal. Además, estima que un intermediario del Ministerio de Seguridad intervenga para resolver el conflicto.

Ya dentro del capítulo dos, el artículo 11 dice que una manifestación “no podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad”. El artículo 25 establece como último recurso la implementación de las fuerzas de seguridad, enfatizando que las instancias previas al uso de la fuerza deben priorizarse para procurar resolver los conflictos y para evitar daños a la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación. Los artículos 27 y 28 prohíben las armas de fuego letales pero sí permiten las no letales, respectivamente. Aunque esta medida, aclaran, es sólo ante el peligro inminente de funcionarios públicos.

Por el contrario, según el proyecto de Pedrini, se considera “ilegítima” una manifestación que “afecta derechos de terceros” (generalmente lo hacen). Esta puede ser dispersada por fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de estas a los procedimientos y límites provistos en los artículos dos y tres de la ley. Entonces, la manifestación es ilegítima cuando no cumple con: el aviso previo de 48 horas, se producen incidentes/delitos, se usan armas de fuego y/u obstruyen el espacio público y tránsito.

CRÍTICAS Y REPUDIO

Lo presentado por Pedrini fue criticado por la mayoría de la oposición y apoyado por algunas fuerzas de izquierda. Los presidenciables no pincharon ni cortaron: apoyaron la medida pero siempre con sus “retoques”. Considerar “legítimas o ilegítimas” las manifestaciones fue el único punto polémico del proyecto, pero la idea de tener que avisar con 48 horas de anticipación la protesta y que sea un mediador del Ministerio de Seguridad el que intervenga también hicieron ruido. Incluso dentro del propio oficialismo. "Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha", disparó Nicolás del Caño, diputado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Continuó: "vamos a convocar a las distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote”. La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) también criticó la iniciativa: “los reclamos hay que atenderlos, no esconderlos o hacerlos desaparecer”. El diputado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bordat, por su parte señaló que el proyecto “es represivo, absurdo e inconstitucional porque el Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o ilegítima”.

Las declaraciones de diputado del Caño dejan en claro una contradicción: quiere repudiar la medida política del gobierno movilizando gente para que cope las calles, provocando así cortes de tránsito. Pretende poner en marcha sus “organizaciones obreras combativas”, que es totalmente lo opuesto a lo que se pretende lograr. Las manifestaciones son totalmente legítimas, eso está claro. Lo que no es legítimo es manifestarse de cualquier manera y que eso termine en cagarse en el prójimo, como siempre pasa. Entonces, ¿por qué llevar a extremos una manifestación?

En cuanto a las declaraciones de la diputada Donda, se puede refutar su discurso argumentando que de lo que se trata acá es de agilizar tanto derechos humanos como la funcionalidad de las instituciones educativas, de salud, etc. En ningún punto se pretende esconder una manifestación, sino evitar roces innecesarios e incómodos entre derechos humanos (cabe destacar que muchos derechos colisionan en sí mismos y presentan paradojas, como el derecho a la vida). El silencio del gobierno es claro y es argumentable que no responda los reclamos, porque de hecho no lo hace. Pero no podemos vivir más en un país donde el primer recurso que eligen diferentes agrupaciones es cortar una calle. Se supone que debe ser la última instancia, como así también las fuerzas de seguridad deben ser una última instancia. Las palabras de Bordat son acertadas, quizás, pero tampoco las correctas. Son un poco fuertes. La huelga no se reprime porque la gente puede seguir manifestando lo que quiera sin tapujos, sino que se restringe con el objetivo de dar una mejor calidad de vida a la sociedad en la medida posible, como así también mejorar la calidad de las protestas. Hay que aprender a convivir.